La nueva reforma eléctrica
- Ian López

- 6 abr 2022
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 14 jul 2022

Uno de los movimientos más característicos de la administración actual de la 4T es deshacer y cambiar los programas, reformas, y proyectos de anteriores gobiernos. Esto lo podemos ver ejemplificado en la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), el cambio del IMSS al INSABI, y más recientemente la reforma energética, la cual había sido implementada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La reforma energética de 2013 es una reforma constitucional que básicamente parte a una modernización y apertura de mercado en el sector energético del país, haciéndola así más competitiva, lo que propició un auge de la inversión extranjera en la generación de energía, por lo que se aumentaron empleos y disminuyó el precio de la luz. De igual manera, por su amplitud en el campo de producción energética, gracias a esta reforma se apostó por las energías limpias y renovables, las cuales eran casi inexistentes al comienzo del siglo XXI.
Por otro lado, tenemos a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue presentada ante el Congreso de la Unión el 30 de septiembre de ese año. Esta reforma, en contraste con la anterior, cambia por completo los conceptos generales que rigen el sector energético mexicano. Primero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dejarían de ser empresas del estado a convertirse en entidades gubernamentales, lo que significa que estarían estrechamente relacionadas de operar el Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista, que controlaba la CENACE. Y finalmente varias comisiones, como la de Hidrocarburos, y la Reguladora de Energía, pasarían a ser parte de la Secretaría de Energía (SENER)
La parte más preocupante de esta reforma es que suspende todos los permisos de generación de energía, los contratos de compraventa eléctrica, y el autoabastecimiento. Por lo que la CFE tendría la obligación de generar al menos el 54% del mix energético del país, dejando así el 46% para las empresas privadas. Y para concluir, la CFE tendría la autoridad para determinar las tarifas de Transmisión y Distribución, y al mismo tiempo anula el programa de Certificados de Energías limpias
Esta reforma fue aprobada el 9 de marzo de 2021, pero actualmente se encuentra en suspensión, dado que los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa consideraron que viola los principios constitucionales de libre competencia en el mercado eléctrico. Asimismo, se presentaron más de 4000 amparos por parte de empresas privadas a quienes les afectaba directamente la reforma, por lo que los resultados de estas controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán cruciales para la discusión de la iniciativa del presidente en el Congreso, que discutirán diputadas y diputados durante la Semana Santa.
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